18 Ago A propósito de transparencia y participación.
A propósito de transparencia y participación.
Señor Director:
Llama la atención que la diputada Paulina Núñez, en su carta del lunes 23, afirme que el Parlamento Abierto, “promueve los más altos compromisos políticos para avanzar en la apertura de los parlamentos” o “que (en Chile) contamos con estándares elevados y, por lo demás, muy valorados en el exterior”, ya que la experiencia chilena está lejos de ser “abierta, transparente o participativa”, y esto consta a la diputada.
La “Alianza de Gobierno Abierto” (OGP -Open Government Partnership), de la cual forma parte el “Parlamento Abierto”, es una acción globalista creada en 2011, que busca modificar la estructura de los gobiernos por la vía de la “participación ciudadana”. Controlada por el Sistema de Naciones Unidas y el conglomerado Open Society Foundations, propiedad del multimillonario George Soros, actualmente se encuentra presente en 76 países.
Chile participa en el OGP desde 2011 y desde 2012 vienen implementándose sucesivos planes de acción nacionales los que tienen por objeto que el país cumpla con los compromisos que adquiere al adherir a esta iniciativa. En este contexto, y para favorecer el cumplimiento de los mismos, se decidió comprometer la participación del poder legislativo en el OGP. En 2013 se creó el Grupo Bilateral de Transparencia del Congreso con la misión específica de implementar este “Parlamento Abierto” , contando para ello con la asesoría permanente del PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) y la participación de organizaciones sociales cercanas al este último).
Sin embargo, desde sus comienzos, un importante sector de la sociedad civil fue marginado de participar. Sólo en forma muy reciente, y de manera totalmente fortuita, nos enteramos del funcionamiento del grupo de trabajo. Lamentablemente, las arbitrariedades no terminaron ahí. Nuestra presencia, en la primera reunión a la que tuvimos acceso, el 3 de mayo pasado, produjo sorpresa y molestia en los asistentes, y nuestra solicitud de acceder a la brevedad al material de trabajo, a fin de poder incorporar aportes, denegada de plano por la diputada Núñez,
Esta discriminación arbitraria de la cual hemos sido víctimas, vulnera los principios de “transparencia, probidad y participación ciudadana” que debieran guiar el proceso, a la vez que invalida lo obrado a la fecha, pues la visión ideológica del PNUD que por esta vía se pretende imponer, plasmada en los documentos de trabajo, no representa a un vasto sector de la sociedad civil chilena.
Las graves vulneraciones a nuestros derechos, no se corrigen con la realización de un “Taller”, por muy público que sea. Semejante “arreglo” sólo puede tener por objeto validar un proceso que ha estado repleto de vicios y conflictos de interés, algo impresentable e indigno de un país que se dice democrático.
Paz Figueroa O., Directora ISFEM
Rebeca Garcés V., Presidenta Fundación Sara Philippi
Carmen Croxatto O., Coordinadora Red por la Vida y la Familia
A la presente adhieren, además, las siguientes organizaciones de la sociedad civil:
- Juntos por la Vida, Felipe Lange
- Salvar el Uno, Fabiola Torres
- Credo Chile, Juan Antonio Montes
- Mirada más Humana, Francisco Subercaseaux